Víctor Alba fue militante del Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM), ejerció de profesor universitario, escritor y periodista.
Durante la guerra, dirigió “La Batalla ”, órgano de
POUM. Al finalizar la guerra estuvo encarcelado por sus actividades políticas
por el gobierno de Franco durante seis años.
Dos periodos
diferenciados
Para los republicanos, la guerra civil se divide en dos
períodos perfectamente diferenciados: el primero comprende los diez primeros
meses, durante los cuales se abortaron las rebeliones militares en Barcelona,
Madrid, Valencia, Bilbao, se estabilizaron las líneas de separación militar
entre las dos zonas, se perdió Málaga, fracasó la expedición a Mallorca, se
ganó la batalla de Guadalajara -la única victoria militar de la República-- , y se
salvó Madrid. En este período, tras un gobierno Giral de transición, Largo
Caballero presidió .el gobierno, en el cual había ministros republicanos,
socialistas, comunistas y, por primera vez, cenetistas. La sede se trasladó de
Madrid a Valencia. El segundo período comprende los distintos gobiernos Negrín -sin
cenetistas ni socialistas caballeristas-, y durante él se conquistó y perdió Teruel,
los «nacionales» o franquistas cortaron la zona republicana en dos, por
Vinaroz, se perdió todo el norte (País Vasco, Santander y Asturias), se perdió
la batalla de Teruel y el gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona.
Finalmente, se perdieron Cataluña, el Centro y la guerra. La
separación entre los diez meses del primer período y los veintitrés del segundo
se halla en los acontecimientos de mayo de 1937 en Barcelona, que determinaron el
fin del gobierno de Largo Caballero y el paso de la etapa revolucionaria a la
etapa contrarrevolucionaria de la guerra civil.
Durante los primeros diez meses de la contienda, el ejército
republicano fue, globalmente, de voluntarios, con mandos improvisados y unos
pocos profesionales en las alturas. Se colectivizaron las empresas abandonadas
por sus dueños, se estableció en Cataluña una industria de guerra, la Generalitat ejerció,
por imperio de las circunstancias, funciones que no le estaban asignadas por el
Estatuto de autonomía -comercio exterior, control bancario, derecho de indulto,
emisión de moneda local, incluso funciones de defensa o militares-. En ese
período, además, se colectivizaron las tierras abandonadas por sus dueños o administradores
y se establecieron colectividades agrarias en Aragón y algunos otros lugares. Un hecho importante de este periodo
fue la aceptación por parte de la
CNT -organización tradicionalmente no sólo apolítica, sino
antipolítica- de su participación primero en el gobierno de la Generalitat , después en
el gobierno central.
Las dos tesis
opuestas
La tesis de la
CNT , del POUM y, de modo menos declarado, de la izquierda
socialista (caballerista) era que la guerra solamente podía ganarse si se
mantenían y extendían las medidas revolucionarias, las principales de las
cuales -formación de milicias, colectivizaciones- fueron adoptadas en los
primeros días después de la rebelión de modo espontáneo, por la base, sin esperar
orientaciones de las direcciones de los partidos y centrales sindicales.
Frente a esta posición que, repito, sostenía que la
revolución y la guerra eran inseparables, que sin la primera no se podía ganar
la segunda, estaban los que afirmaban que la guerra sólo podía ganarse si se
renunciaba a la revolución y se volvía al estricto orden republicano (el mismo
que había hecho posible el estallido del alzamiento militar). Defendían esta
posición, ante todo, los comunistas (porque una revolución hecha fuera de los
modelos soviéticos demostraría que tales modelos no eran los únicos posibles, y
porque a la diplomacia soviética no le convenía alarmar a los gabinetes
conservadores de Europa), y algunos socialistas de derechas (como el doctor
Juan Negrín, ministro de Hacienda que hizo trasladar a la URSS las reservas de oro del
Banco de España), así como los partidos republicanos, aunque éstos sin tomar abiertamente
partido, igual que no lo tomaron muchos socialistas de derechas (Prieto,
Besteiro). Los defensores de esta tesis sostenían que había que sustituir las
milicias voluntarias por un ejército regular (que llamaron «popular» para
disimular su carácter convencional), que debían desmontarse las colectivizaciones
y que debía fortalecerse el centralismo, quitando a los gobiernos catalán y
vasco las funciones que las circunstancias de la guerra les habían hecho
asumir.
Los partidarios de la tesis revolucionaria replicaban que la
inferioridad en técnica militar (con ser deficiente la del ejército alzado), en
armamento y en ayudas exteriores sólo podía compensarse por el entusiasmo, el
espíritu de sacrificio y la disciplina voluntaria, que a su vez sólo podían
mantenerse mediante medidas revolucionarias. Los partidarios de la tesis contrarrevolucionaria
afirmaban, por su parte, que sólo cabía esperar ayuda de las democracias (que
de todos modos no llegó), si no se las alarmaba con actitudes revolucionarias.
Además, sostenían que un ejército regular, por reclutas,
sería más eficaz que las milicias, y que la industria y la tierra en manos ya
de sus dueños tradicionales, ya del gobierno, sería más productiva.
De diciembre a mayo
Aunque las milicias fueran siendo sustituidas por el
ejército regular y los comités surgidos en julio por los nuevos ayuntamientos,
mientras persistieran las colectivizaciones podía considerarse que quedaban
abiertas las perspectivas revolucionarias. Por esto, los republicanos -cuya influencia
disminuía porque el pueblo los consideraba responsables de haber permitido el
alzamiento- y sobre todo los comunistas, dirigieron ante todo sus críticas a
las colectivizaciones. Los comunistas lo hicieron respondiendo a las consignas
de Stalin, reflejadas en una carta de éste a Largo Caballero que le entregó el
embajador soviético Rosenberg (luego ejecutado en la URSS ); afirmaron que en
España no debía haber revolución, que el momento no era propicio para ella. Los
dos arietes contra las colectivizaciones fueron el ministro de Agricultura
Uribe (comunista), que puso obstáculos a que se extendieran fuera del campo
aragonés, y el ministro de Hacienda, Negrín (socialista de derechas), que negó sistemáticamente
créditos a las empresas colectivizadas y dificultó la compra por las mismas de
materias primas en el extranjero, lo cual le valió que los comunistas lo
consideraran como una alternativa a Largo Caballero, que cada día se mostraba
más firme en impedir la extensión de los mandos comunistas en el ejército.
Mientras Largo Caballero y cuatro ministros cenetistas
siguieran en el gobierno no era posible un ataque frontal contra las medidas revolucionarias.
La ocasión se presentó en abril y mayo de 1937, cuando hubo choques
entre cenetistas y comunistas en varios lugares de Cataluña y cuando fue
asesinado misteriosamente Roldán Cortada, secretario de la UGT catalana (y, por cierto,
opuesto a la política contrarrevolucionaria, lo que hizo que las motivaciones del
crimen no aparecieran muy claras). En su diario La Batalla el POUM advertía
que se preparaba una provocación contra los trabajadores. El POUM podía verlo
más claramente, porque muchos de sus militantes habían sido comunistas en el
pasado y conocían mejor los métodos estalinianos. Ya en diciembre, el cónsul
soviético en Barcelona, Antonov Ovseenko (luego ejecutado en la URSS ), impuso a Companys,
presidente de la Generalidad ,
que saliera del gobierno de la misma su consejero de Justicia, Andreu Nin,
secretario político del POUM (el secretario general de este partido, Joaquín
Maurín, se hallaba preso y condenado a muerte en la zona franquista). Los
comunistas y su partido en Cataluña, el PSUC, afirmaban que el POUM era
trotskista (cosa falsa y que a los ojos de los comunistas era como decir que
eran el diablo). El POUM había denunciado los «procesos de brujería» de Moscú
ordenados por Stalin contra los compañeros de Lenin y esto no se lo perdonaban
en Moscú.
La provocación llegó el 3 de mayo, cuando el jefe de policía
de Barcelona, el psuquista Rodríguez Salas, ordenó a la policía que tomara el
edificio de la Telefónica ,
so pretexto de instalar en él un delegado de la Generalidad -que en
realidad ya estaba instalado desde hacía días. Cuando se supo la noticia, la
masa de cenetistas se echó a la calle, levantó barricadas en torno a los
locales del PSUC y en las calles que conducían al palacio de la Generalidad.
Durante seis días hubo tiroteos en la ciudad, y sin duda se
habría tomado el poder de haberse atrevido los dirigentes cenetistas. Pero éstos,
cediendo a los imperativos de la guerra, lanzaron por radio llamamientos a los
que estaban en las barricadas para que regresaran a sus casas, y como ya no
había objetivo para seguir en la calle, finalmente cesó la lucha, que dejó un
centenar de muertos (entre ellos el secretario de la UGT , Antonio Sesé). Cinco mil guardias
de asalto llegaron de Valencia -mandados por comunistas, sin que Largo
Caballero conociera su filiación.
En dos días hubo centenares de detenciones y
muchos asesinados: Alfredo Martínez, secretario general de las Juventudes
Libertarias; el anarquista italiano Camilo Bernieri; el comunista disidente austríaco
Kurt Landau, al mismo tiempo que se ejecutaba a miembros poco conformistas de
las Brigadas Internacionales, so pretexto de indisciplina. El aparato de
propaganda comunista afirmó en todo el mundo que los cenetistas y poumistas
habían llevado a Barcelona unidades del frente, dejando a éste abandonado, pero
nada de ello era cierto. Se dijo también que los hechos de mayo fueron
provocados por agentes franquistas, pero en Salamanca el embajador alemán
escribía a su gobierno que en realidad solamente tenía a trece agentes en la
ciudad condal.
Después de los hechos de mayo, los ministros comunistas
pidieron en consejo que se disolviera al POUM (la CNT era demasiado fuerte para
que pudiera pensarse en ello y tenía ministros en el gabinete). Largo Caballero
contestó que si había alguna acusación contra el POUM podía presentarse
denuncia a la justicia y ésta decidiría, pero que él, como jefe del gobierno y
como militante socialista, no estaba dispuesto a disolver una organización
obrera.
Ante esta respuesta, los ministros comunistas abandonaron el
gobierno. Largo Caballero quiso sustituirlos, pero Negrín y Prieto (que vieron
en esa situación una oportunidad de librarse del Viejo dirigente de la
izquierda socialista) afirmaron que el gobierno estaba en crisis y los
ministros republicanos los siguieron. Largo Caballero, apoyado sólo por dos
socialistas y los cuatro cenetistas, tuvo que dimitir (15 de mayo). Dos días
después, tras una tentativa frustrada de formar un gobierno solamente con la UGT y la CNT , el presidente Azaña
encargó al doctor Juan Negrín la formación del gobierno. Seguían en éste los
ministros republicanos, los de la derecha socialista y los comunistas, y salían
los cenetistas y los caballeristas.
La revolución había terminado, aplastada por los guardias de
asalto bajo mando comunista y por inspiración, sobre todo, de los comunistas.
Había llegado el momento de empezar la represión, que la Pravda de Moscú prometía
que sería tan severa como lo estaba siendo en la URSS , en aquellos meses,
contra los viejos bolcheviques críticos de la política de Stalin.
Las consecuencias de
la represión
La persecución que se inicia con el gobierno Negrín y que persistirá,
más o menos disimulada, hasta el final de la guerra tiene distintas
motivaciones.
Para los republicanos y la derecha socialista se trata de desmantelar
las colectivizaciones, cosa que se hace convirtiendo a unas en meras
cooperativas, interviniendo otras (como las industrias de guerra de Cataluña) y
tratando de asfixiar las que subsisten.
Para esas mismas tendencias más los comunistas, se trata
también de debilitar a las fuerzas favorables a las colectivizaciones. Largo Caballero
se encuentra de hecho sometido al silencio y recluido en su casa; se inician
una serie de procesos contra elementos de la CNT , -los llamados de los «cementerios
clandestinos»- y se toman por la fuerza ciertos locales cenetistas; persecución
contra el POUM, al que se acusa de ser «agente de Franco y Hitler»; traslado
del gobierno a Barcelona, donde está el centro de resistencia a las medidas
contrarrevolucionarias y donde la Generalidad ve con inquietud que su tácita y
transitoria alianza con el PSUC trae como consecuencia una constante
restricción de sus funciones por parte del gobierno central, hasta dejarla reducida
a un organismo casi folklórico.
Para el gobierno, se trata de impedir cualquier crítica
hacia la
URSS, porque ésta es la fuente casi única de armamento. Esto
induce al gobierno a plegarse a las exigencias de los consejeros militares
soviéticos, pocos en número, pero apoyados por la constante amenaza de reducir
los envíos de armas si no se siguen sus «consejos». Prieto, que intenta
oponerse a esta sumisión, desengañado va de la esperanza de que Neorín siguiera
sus orientaciones, acaba siendo eliminado de su cargo de ministro de la Guerra y enviado a Chile en
misión ceremonial. Esta sumisión, según algunos (entre ellos el ex ministro
comunista Jesús Hernández) tuvo como consecuencia que, cuando Stalin comenzó a
lanzar globos sonda en Berlín, que acabarían con el pacto Hitler- Stalin de
1939, y quiso demostrar al Führer que la URSS no tenía ambiciones al oeste de Alemania,
los consejeros soviéticos impusieran al Estado Mayor republicano la operación
del Ebro, sin posible finalidad estratégica, que acabó destrozando los efectivos
en hombres y material del ejército republicano, con lo que la victoria de
Franco se hizo inevitable y, con ello, se facilitó el acuerdo entre el Tercer
Reich y la Unión
Soviética.
Por parte de los comunistas, la persecución tenía todas esas
motivaciones, más otras peculiares suyas. Por un lado, satisfacía, al oponerse
a las fuerzas revolucionarias, a su clientela; el PC, en efecto, había hinchado
enormemente sus efectivos y en un país donde ya antes toda la clase trabajadora
estaba organizada en sus
dos grandes centrales, sólo podía nutrirse de la clase media
que ya no se sentía representada por los partidos republicanos. Por otra parte,
el PC quería llegar a fusionarse con el PSOE; para ello el gobierno,,_por medio
de una acción policíaca, sustituyó la
Comisión Ejecutiva de la UGT (caballerista), por una prietista y comunista;
conquistada así la UGT ,
el PC propuso la fusión con el PSOE, pero esto despertó tal alarma entre los
socialistas -Prieto incluido- que Negrín tuvo que hacer marcha atrás y dar largas
al asunto.
Finalmente, para el PC y también la NKVD (la policía política soviética
antecesora de la actual KGB), se trataba de deshacerse de un partido disidente -el
POUM- que, sin ser poderoso, era fuerte y respetado, y de aprovechar esto para
«demostrar», con un proceso contra el POUM, que los procesos de Moscú contra
viejos bolcheviques no eran un fenómeno ruso, sino que tenían lugar dondequiera
que antiguos comunistas se apartaban de la Tercera Internacional
y caían, por ende, en manos del fascismo. Para «demostrar» esto era necesario
que un poumista importante «confesara» haber colaborado con Franco, como los
viejos bolcheviques de Moscú «confesaron» haber colaborado con el fascismo.
Policías comunistas llegados de Madrid secuestraron a Andreu Nin, secretario
político del POUM (21 de junio de 1937) y detuvieron a los miembros del Comité
Ejecutivo de este partido.
Nin fue conducido a Alcalá de Henares, a una prisión
particular del PC, fue torturado y murió sin «confesar» nada. La desaparición
de Nin, hombre prestigioso en todo el mundo obrero, despertó tal oleada de
protestas y de comisiones internacionales llegadas a España para investigar su
suerte, que el gobierno tuvo que limitarse a someter a juicio a los dirigentes
del POUM sin tratar de obtener de ellos «confesiones». El proceso ante un
tribunal especial tuvo lugar en Barcelona en octubre de 1938.
El tribunal disolvió el POUM y sus juventudes, y condenó a diversas
penas a sus dirigentes, por haber participado en los hechos de mayo, pero
reconoció explícitamente que todos ellos eran probados antifascistas y que no
había prueba alguna de que hubiesen colaborado con Franco, como pretendían el
fiscal y la propaganda comunista. Entre tanto, los poumistas tenían que refugiarse
en unidades con mandos de la CNT ,
pues los que caían en unidades con mandos comunistas eran asesinados y luego
dados oficialmente como «muertos al intentar pasarse al enemigo». A finales de
1938 había en la prisión Modelo de Barcelona más presos antifascistas que de la
quinta columna y el socorro blanco.
Todo esto no podía dejar de tener consecuencias. Aparte del desprestigio
ante la opinión internacional de izquierdas y las armas propagandísticas que
daba a Franco, esta persecución desmoralizó a los trabajadores. Companys
reconocía que la productividad en la industria había disminuido, a principios
de 1938, en un 40 por ciento, y Rodríguez Vega -el comunista dueño de la
«nueva» UGT- reconocía a mediados de 1938 (es decir, al cabo de un año de la
ofensiva contra las colectivizaciones) que la producción industrial era «la
mitad de la normal».
Eso sí, por las calles deambulan los oficiales republicanos
con uniforme hecho a medida, los funcionarios y sus esposas ostentan sombrero -por
indicación del gobierno-, y el mercado negro se generalizaba. Se aceleraron, al
mismo tiempo, las derrotas, que culminaron en la de la batalla del Ebro, la
caída de Cataluña y la guerra civil dentro de la guerra civil, entre comunistas
y los demás en la zona centro-sur, en marzo de 1939.
Los hechos olvidados
Abundan los hechos que suelen olvidarse por cuantos hablan o
escriben sobre la guerra civil, en cualquiera de sus bandos, y que los
acontecimientos de mayo de 1937 hubieran debido poner de relieve.
En primer lugar, era evidente -en contra de lo que se ha
venido afirmando- que el alzamiento no era inevitable. Se hablaba de su proximidad,
la policía de la Generalitat
descubrió la trama y la puso en conocimiento del gobierno de Madrid, pero éste
no hizo nada. Si se hubiesen tomado medidas contra los conspiradores, el alzamiento
habría abortado, El mismo resultado habría tenido una enérgica política de
reformas -las contenidas en el programa electoral del Bloque Popular. Fue su
falta lo que provocó desórdenes en el campo y las calles y suscitó
enfrentamientos entre fascistas e izquierdistas, antes del golpe, con la serie
de asesinatos que sirvieron de pretexto al mismo. Fueron las medidas que, de hecho,
aplicó el pueblo en la zona republicana cuando estalló el movimiento
subversivo.
Ahí hay otro hecho olvidado: el de la espontaneidad popular.
Las medidas revolucionarias no fueron dictadas por sindicatos 0 partidos, sino
adoptadas espontáneamente por asambleas de obreros en las empresas, por grupos
de activistas en las poblaciones. La formación de comités, las
colectivizaciones, la organización de las milicias fueron actos de la base más
que de las direcciones.
Esto entronca con otro hecho echado de lado. Se ha repetido
que
el alzamiento dividió a España en una zona agrícola -la «nacional»-
y otra industrial -la republicana-. Más cerca de la verdad es ver que esta
división obedeció a la entrega o negativa de armas a militantes de partidos o
sindicatos por parte de las autoridades republicanas. Allí donde la hubo, el
alzamiento fracasó; allí donde se negaron las armas, el alzamiento triunfó. Incluso
allí donde las fuerzas de orden público -guardia de asalto y guardia civil-
salieron a combatir a los alzados, lo hicieron solamente cuando vieron que
grupos populares armados estaban ya luchando en la calle. Nunca tomaron la
iniciativa de reprimir por su sola cuenta el alzamiento.
Otro hecho olvidado es el del oro enviado a Moscú. Más bien,
en torno a él se ha levantado la falacia de la desinteresada ayuda soviética a la República. La verdad
es otra. Hitler y Mussolini ayudaron a Franco vendiéndole armas a crédito por
valor de 600 millones de dólares de la época, que se estaban pagando aún al terminar
la Segunda Guerra
Mundial. La URSS
vendió armas a la República
pagadas por adelantado con el oro de las reservas del Banco de España, valorado
en 550 millones. Pues bien, pese a la virtual igualdad del coste de la ayuda en
ambos mandos, el franquista tuvo siempre superioridad -de 1 a 5 y hasta en ciertas armas
de 1 a 10-
en aviones, tanques, artillería. La ayuda soviética, pues, fue más cara y por
tanto menos abundante que la ayuda fascista.
En relación con la ayuda hay otro hecho olvidado. Se ha
dicho que el gobierno francés del socialista Léon Blum no ayudó a la República. La verdad
es que las primeras ayudas recibidas procedieron de Francia y que sólo cesaron
cuando Blum consultó a sus aliados, Londres y Moscú, y ambos le dijeron que en
caso de que su ayuda a la República
le provocara dificultades con Berlín y Roma, ni Londres ni Moscú apoyarían a
Francia. Aun así, Blum, incluso después de dimitir, consiguió que permaneciera
de jefe de aduanas francés un socialista, gracias a cuya acción las armas soviéticas
llegaron a España. En efecto, después de que los submarinos italianos hundieran
a algunos barcos con armas rusas, éstas se encaminaron a España -a partir de
comienzos de 1937- Vía Murmansk y El Havre, de donde, atravesando Francia en ferrocarril
o camiones, entraban a España por los Pirineos. Y esto siguió siendo así hasta
que terminó la contienda española. Sin la ayuda socialista francesa, pues, no
habría sido posible la llegada de los armamentos comprados a la URSS y pagados en oro y por adelantado.
Otro hecho olvidado es el de la cronología. Nadie puede
saber cuál habría sido la suerte de la guerra, de haber continuado en el poder las
fuerzas revolucionarias que lo ocuparon durante los diez primeros meses. Lo que
sí sabemos es que la guerra la perdió la República durante los 23 meses en que estuvieron
en el poder las fuerzas que a partir de mayo de 1937 llevaron a cabo el desmantelamiento
de las medidas revolucionarias y que hicieron abortar la primera revolución
obrera que conoce la historia, no producto del golpe de mano de un grupo
minoritario, como la revolución rusa de octubre de 1917, sino resultado de la
acción espontánea del hombre de la calle.
VÍCTOR ALBA